Si existe una palabra que se repite en forma constante tanto en la oposición como en el oficialismo y demás está decirlo en boca de comunicadores sociales es la expresión “institucionalidad”.

La dialéctica siempre busca ponderar la necesidad casi imprescindible del resguardo de las instituciones, pero generalmente las acciones terminan representando las antípodas de los discursos.

La institucionalidad no es otra cosa que la reglamentación de la república, el respeto por la independencia de los poderes, la observancia de funcionamientos adecuados y nunca una mesa de póker donde se busca sacar alguna ventaja con el instrumento de la mentira.

En definitiva la institucionalidad tiene que ver con las formas, algo que los argentinos nos hemos obsesionado por perder hasta el punto de ser un país atravesado por el mal gusto, expresado esto de manera  exultante tanto en las instituciones como en el devenir diario, canalizado en su forma más grotesca en las preferencias mediáticas rayanas con la vulgaridad.

Dos hechos acontecidos en los últimos días motivaron mi interés de verbalizar sobre las instituciones, no porque constituyan una novedad, todo lo contrario la continuidad del esquema hace necesaria la expresividad para no caer en la tentación de una acomodaticia naturalidad.

La asunción y conformación del nuevo concejo deliberante expresó claramente como un diagnostico preciso los síntomas de la relajación institucional, tanto en las acciones como en las palabras parecieron perder la orientación de la brújula que no es otra cosa que la observancia de la realidad.

Los absurdamente negados acuerdos políticos que en sí mismo no tienen nada de malo y por el contrario son fundamentales para el funcionamiento democrático,  deben siempre tener el horizonte del respeto a la voluntad de quienes los depositó en ese lugar.

Resulta indiscutible que la presidencia recaiga en un hombre del partido gobernante, nuestro sistema que carece del vice intendente lo hace más necesario aún, pues el designado es la línea sucesoria directa del intendente y en este caso entre propios y adherentes las urnas reflejaron una realidad de primera minoría.

Pero no es sano sentar el precedente que alguien puede usurpar lugares en el ámbito institucional mediante acuerdos mañosos, ni siquiera lo justifica en virtud de la generosidad de la democracia que aquellos que hoy son burlados, hayan nacido del repollo aún purulento y nauseabundo de la dictadura, cuyas miserias y atrocidades por suerte se reflejan en los juicios de la verdad, la magnánima generosidad del sistema con su amplitud de tolerancia les genera un lugar sin perder de vista el estigma necesariamente presente del nunca más.

La vicepresidencia primera del concejo le correspondía al principal partido de oposición y esa defección daña la imagen del cuerpo y posiciona en un lugar a quien no tiene el título de propiedad.

Pero si bien dijimos que los acuerdos políticos son el carril del funcionamiento democrático, el buen gusto de las formas debe observar los límites de la tentación, en junio la gente pese a la señal de cansancio moral expresada por una mayoría ausente manifestó preferencias, algunas hacía el oficialismo y otras canalizadas en otros parámetros de representación, por ello una cosa es el acuerdo (absolutamente legitimo) y otra la integración a un gobierno desde un lugar no logrado para tal fin, contrario es  el caso de los dos ediles adherentes al intendente cuyas posturas fueron claramente expresadas en la campaña.

Los políticos deben entender que la mentira no es un requisito necesario para el ejercicio de la profesión, la patética actitud de un concejal negando conocer la integración paterna al gabinete cuando era vox populi en todos los medios pone en riesgo su propia credibilidad futura, al igual que en otro caso pretendiendo negar ofrecimientos de público conocimiento.

Nada de esto es nuevo, de hecho el concejo anterior osciló de un lugar a otro según la brújula política, oficialistas que se hicieron opositores y opositores que se hicieron oficialistas cotizaron el mercado de pases y más atrás, la gestión renovadora se caracterizó por la cooptación en cada ocasión que necesitó un estropicio legislativo, pero nada de esto obsta para que los ciudadanos aspiren a una sociedad mejor conscientes que solo pueden lograrla desde la institucionalidad.

El otro hecho fue la actitud de la Corte de Justicia que se tomo 40 días para emitir un simple y anodino proveído sin mayor relevancia jurídica como la aceptación de un recurso apelatorio, casi un hecho natural y cotidiano en esos ámbitos, pero haber esperado justamente el recambio legislativo y no permitir que quienes ejecutaron defiendan su postura pone en duda la imparcialidad del más alto punto de protección que cualquier ciudadano tiene en la provincia, esto dicho con independencia del falló final que no está en discusión en estas líneas.

No vale el argumento  de los tiempos de la corte, sus siete integrantes no viven en Venus, tampoco hay abstracción de la realidad, con absoluta prescindencia del falló final, lo que se expresa en esta editorial es que la corte  con su actitud dilatoria dejó una sola parte en los dos lados del mostrador convirtiendo la justicia en un ensayo ficcional.

Hechos como los expresados dejan la república patas para arriba y la institucionalidad perdida convirtiéndola en una  utopía, que como dice el nano, ojalá que quien la encuentre sea un buen hombre, que la guarde y  cuide hasta que lleguen mejores días  para así poder disfrutarla y vivirla.